El lobby como Reforma Política
Con el apoyo del Consejo Profesional de Relaciones Públicas...
El Gobierno prepara una ley de lobby
Por Guido Carelli Lynch para clarin.com - 23/06/2015
Carlos Menem lo intentó sin éxito. Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde también. Néstor Kirchner, en cambio, prefirió un decreto más acotado. Ahora, el presidente Mauricio Macri está dispuesto a plasmar lo que sus antecesores no pudieron y no quisieron: una ley de Lobby. El Gobierno pretende regular la actividad de los representantes de las empresas ante funcionarios del Estado, que -a falta de una norma- trabajan, ejercen presión y ejecutan favores entre las sombras.
Cuando Macri anuncie hoy en el Centro Cultural Kirchner el envío del proyecto de Reforma Política, el Ejecutivo acelerará la redacción del proyecto oficial de "gestión de intereses". Es el tercer objetivo que se trazó el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior Adrián Pérez, que fue el gestor de la ley de Acceso a la Información, que ya tiene media Sanción y de la de Reforma Política. “Estamos trabajando en una ley de gestión de intereses”, reconoció Pérez ante la consulta de Clarín.
Al igual que las leyes citadas, en Interior imaginan una ronda de consultas con representantes de ONGs. Algunas como Poder Ciudadano ya se manifestaron a favor de un marco regulatorio para los lobbys. El proyecto contempla de mínima un registro para lobbistas y otro de audiencias con funcionarios. En 2003, Kirchner firmó el decreto 1172 de Acceso a la información, que también obligaba a la publicación de un registro de audiencias, que en los últimos años ya no se preocupó en completar de forma exhaustiva.
La norma que imaginan en el oficialismo -igual que el proyecto de Acceso a la Información- contempla un universo de “sujetos obligados” mucho más amplio que el del decreto. Además del Ejecutivo estarían involucrados los funcionarios de los tres poderes.
En la Casa Rosada por ahora hay hermetismo. Reconocen que es un proyecto con mala prensa, pero necesario. Chile fue uno de los últimos países de la región que promulgó y reglamentó una ley sobre el tema, en marzo de 2014. Si el Gobierno la utiliza como modelo -como utilizó una de la OEA para la de Acceso a la Información- habrá que imaginar un registro de lobbistas, de audiencias con funcionarios, viajes, un procedimiento formal de solicitud y una autoridad de aplicación.
Por ahora, solo hay reserva. En 1997 la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich -entonces diputada- había elaborado un proyecto propio que fracasó, porque era demasiado restrictivo.
El Gobierno prepara una ley de lobby
Por Guido Carelli Lynch para clarin.com - 23/06/2015
Carlos Menem lo intentó sin éxito. Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde también. Néstor Kirchner, en cambio, prefirió un decreto más acotado. Ahora, el presidente Mauricio Macri está dispuesto a plasmar lo que sus antecesores no pudieron y no quisieron: una ley de Lobby. El Gobierno pretende regular la actividad de los representantes de las empresas ante funcionarios del Estado, que -a falta de una norma- trabajan, ejercen presión y ejecutan favores entre las sombras.
Cuando Macri anuncie hoy en el Centro Cultural Kirchner el envío del proyecto de Reforma Política, el Ejecutivo acelerará la redacción del proyecto oficial de "gestión de intereses". Es el tercer objetivo que se trazó el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior Adrián Pérez, que fue el gestor de la ley de Acceso a la Información, que ya tiene media Sanción y de la de Reforma Política. “Estamos trabajando en una ley de gestión de intereses”, reconoció Pérez ante la consulta de Clarín.
Al igual que las leyes citadas, en Interior imaginan una ronda de consultas con representantes de ONGs. Algunas como Poder Ciudadano ya se manifestaron a favor de un marco regulatorio para los lobbys. El proyecto contempla de mínima un registro para lobbistas y otro de audiencias con funcionarios. En 2003, Kirchner firmó el decreto 1172 de Acceso a la información, que también obligaba a la publicación de un registro de audiencias, que en los últimos años ya no se preocupó en completar de forma exhaustiva.
La norma que imaginan en el oficialismo -igual que el proyecto de Acceso a la Información- contempla un universo de “sujetos obligados” mucho más amplio que el del decreto. Además del Ejecutivo estarían involucrados los funcionarios de los tres poderes.
En la Casa Rosada por ahora hay hermetismo. Reconocen que es un proyecto con mala prensa, pero necesario. Chile fue uno de los últimos países de la región que promulgó y reglamentó una ley sobre el tema, en marzo de 2014. Si el Gobierno la utiliza como modelo -como utilizó una de la OEA para la de Acceso a la Información- habrá que imaginar un registro de lobbistas, de audiencias con funcionarios, viajes, un procedimiento formal de solicitud y una autoridad de aplicación.
Por ahora, solo hay reserva. En 1997 la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich -entonces diputada- había elaborado un proyecto propio que fracasó, porque era demasiado restrictivo.
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